Jaime Leygonier, CubaPress. La HABANA, 14 de abril de 2003 – En el juicio al científico y académico distinguido Héctor Fernando Maseda Gutiérrez, de 60 años de edad, la fiscal fundó su petición de 20 años de prisión, entre otros hechos, en que Maseda fue uno de los autores de una carta a los inversionistas extranjeros.
El acusado aclaró que publicó esa carta en 1998 y que la ley 88 fue aprobada en 1999, demostrando con esto que la fiscal erraba al calificar la carta como delito, pues aplicaba la ley 88 con carácter retroactivo.
No obstante, la fiscal ratificó su petición de 20 años de prisión y esa fue la sentencia del tribunal, según informaron familiares de Héctor Maseda.
La familia del prisionero de conciencia Héctor Maseda afirma que el abogado defensor, Lic.
Alarcón solo tuvo acceso al expediente de la causa el día anterior al juicio, y solamente se entrevistó con su defendido minutos antes de la vista oral.
Durante esta, el defensor alegó que los miembros del Partido Liberal Democrático, del cual es vicepresidente Maseda, habían solicitado al Ministerio de Justicia la inscripción como asociación legal, según prescribe la ley de asociaciones y como el Ministerio de Justicia no dió respuesta negativa, y que las reuniones de dicho Partido podían ser consideradas por Maseda y sus participantes, como amparadas legalmente.
Alegó también que no recibían órdenes ni dinero de potencias extranjeras y aunque solicitaron cambios políticos, no incitaban a subvertir el orden, pero el abogado omitió el importante hecho de que aplicaban de forma retroactiva la ley 88, y fue el propio acusado Maseda, quien tuvo que subsanar la omisión, explicando este acto antijurídico.
Además, mientras los abogados defensores de otros acusados demandaron disminución de las condenas, cambio a prisión domiciliaria y hasta la absolución, el defensor de Maseda no concretó propuesta alguna y se limitó a solicitar que la condena no fuera tan severa.
En el recurso de apelación de la sentencia, una abogada alega este aspecto de la aplicación retroactiva de la ley y que a los mayores de 60 años de edad le es disminuido por ley, un tercio de la condena.
LA HABANA, abril – Cuando el 19 de marzo de 2003, entre las 5:30 y 5:45 de la tarde abrí la puerta de mi casa a la policía política, supe que mi familia iba a ser cercenada y mi hijito de 9 años condenado a sufrir vejaciones.
Esa tarde será inolvidable para nosotros, y sobre todo para nuestro hijo. Mi esposo, Manuel Vázquez Portal, y yo estábamos en el cuarto conversando cuando llamaron a la puerta. No fueron toques fuertes, más bien mesurados, lo que se contradice con el despliegue policíaco que hicieron al llegar al edificio los agentes de la Seguridad del Estado, según me contaron los vecinos.
Muchos de ellos me comentaron que parecía que iban a capturar a Bin Laden: tres carros, dos motos.
Catorce hombres subieron a mi apartamento con cámaras fotográficas, de video y otros artefactos propios e impropios de lo que se proponían realizar, todos vestidos de civil.
El responsable del “operativo” me metió un papel por los ojos y terminó de empujar la puerta que yo sólo había abierto a medias.
Me siguieron hasta el cuarto donde estaba Manuel y le mostraron la orden de registro.
A partir de ese momento se dividieron en cuatro bandos, uno con Manuel en la habitación donde escribía, otro conmigo en el otro dormitorio, un grupo estaba en la sala con el jefe, quien se sentó a nuestra mesa a recopilar las “evidencias” y un último bando que entraba y salía de la casa
sin cesar.